No una multa, sino un lazo financiero
El verdadero peligro radica en la sanción posterior. Muchos propietarios se arriesgan, suponiendo que lo peor que les espera es una pequeña multa, como las de aparcamiento ilegal en el centro de la ciudad. La realidad es mucho más dura y cara. Al tratarse de una infracción administrativa (por entrar en conflicto con los planes urbanísticos o el APV), los ayuntamientos recurren al requerimiento de pago de multas.
No se trata de un único tirón de orejas, sino de una táctica de presión financiera. El ayuntamiento te ordena retirar el vehículo. Si no lo haces -o si lo devuelves más tarde-, pagas inmediatamente. Estas sanciones suelen empezar en 500 euros por semana y pueden ascender a miles. Alquilar un depósito profesional es mucho más barato que luchar contra la autoridad.